Estudio señala que el crimen organizado opera como estructura territorial compleja y que la paz duradera requiere verdad, reparación del daño y responsabilidad compartida
Ciudad de México, 4 de marzo de 2026 (Red Católica).— La violencia generada por el crimen organizado en México requiere respuestas más profundas que las estrategias centradas únicamente en el combate armado o el castigo penal. Así lo señala un análisis publicado en Observatorio CEM, No. 157, febrero de 2026, que propone avanzar hacia modelos de justicia restaurativa como vía para enfrentar el impacto social de la violencia.
El estudio sostiene que el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue interpretado inicialmente como un golpe histórico contra una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, los acontecimientos posteriores —bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a comercios y suspensión de actividades en distintas regiones— evidenciaron que el poder de estas organizaciones no depende exclusivamente de un liderazgo central.
Según el análisis, los cárteles actuales operan como estructuras complejas con redes territoriales, financieras y logísticas, capaces de mantener su funcionamiento incluso después de golpes estratégicos contra sus dirigentes. Esta capacidad de coordinación permite que las organizaciones criminales mantengan presencia en diversas regiones y extiendan su influencia más allá de las fronteras nacionales.
Cárteles, clanes y pandillas
El documento explica que para comprender la dinámica del crimen organizado es necesario distinguir entre cárteles, clanes y pandillas.
Los cárteles constituyen organizaciones de gran escala, con miles de integrantes, diversificación de mercados ilícitos y proyección internacional. En cambio, los clanes operan como estructuras intermedias de alcance regional, muchas veces derivadas de fragmentaciones de cárteles o de grupos en expansión.
Por su parte, las pandillas son agrupaciones locales de menor tamaño pero con alta letalidad, frecuentemente subordinadas a los cárteles y con fuerte presencia en la violencia cotidiana de las comunidades.
El estudio advierte que la eliminación de líderes criminales puede provocar procesos de fragmentación, generando grupos más pequeños y violentos si no se intervienen las redes financieras, políticas y sociales que sostienen estas estructuras.
Impacto en la sociedad
El análisis subraya que la sociedad civil es la principal afectada por esta dinámica de violencia. México enfrenta tasas de homicidio entre las más altas del mundo, más de 130 mil personas desaparecidas y miles de denuncias por tortura, además del impacto cotidiano de la extorsión, los bloqueos y la violencia territorial.
A ello se suma el reclutamiento anual de entre 30 mil y 40 mil menores de edad por organizaciones criminales, fenómeno vinculado a contextos de pobreza, exclusión y violencia estructural.
Estas situaciones reflejan, según el documento, una realidad en la que el poder criminal puede llegar a competir con el Estado por el control de territorios y comunidades.
Justicia restaurativa como horizonte
Frente a este panorama, el análisis propone considerar la justicia restaurativa como un horizonte distinto al del castigo penal tradicional. Este enfoque busca colocar a las víctimas en el centro del proceso, garantizar el derecho a la verdad, promover la reparación integral del daño y abrir espacios para la responsabilización y eventual reintegración social de los infractores.
El documento advierte que sin procesos de verdad, memoria y reparación, la violencia tiende a reproducirse en ciclos que afectan a generaciones enteras.
El análisis concluye que México enfrenta una encrucijada: limitarse a administrar los reacomodos del crimen organizado o emprender una reconstrucción profunda de sus instituciones y de su tejido social.
“La paz reparadora exige justicia, memoria y responsabilidad compartida”, afirma el texto publicado en Observatorio CEM, febrero de 2026.
