Se trata del control territorial de grupos criminales y del control social que ejercen sobre todo en la zona sur del país, en estados como Chiapas
Por: Filiberto Monter Santiago
Fotografía: Frayba / Cáritas San Cristóbal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 28 de agosto de 2026 (Red Católica).- Una fuerte causa de desplazamiento se expande a lo largo y ancho de México: se trata del control territorial de grupos criminales y del control social que ejercen sobre todo en la zona sur del país, en estados como Chiapas.
En entrevista para Red Católica, el Pbro. Gilberto Hernández García, director de Cáritas en la Arquidiócesis de Tuxtla, habló sobre la atención que brinda la Iglesia al fenómeno del desplazamiento forzado en el sur de México, así como en distintas regiones del país.
Chiapas como epicentro del desplazamiento
Hablar de Chiapas como epicentro del desplazamiento es hacer un compendio histórico de diferentes motivos como la construcción de presas, los conflictos religiosos, el movimiento zapatista y disputas agrarias, pero en la actualidad hay uno especialmente preocupante: la violencia criminal.
“Ahora lo que nos preocupa de sobremanera es el tema del desplazamiento a causa de estos grupos criminales”, explica el padre Gilberto Hernández García al referir algunas de las zonas que son blanco del crimen organizado: Chicomuselo, La Concordia y la Frontera Sur de Chiapas.
Una gobernanza criminal
A través de un comunicado en conjunto del 11 de agosto, la Iglesia denunció que la violencia provoca desplazamientos forzados de comunidades y advirtióque existe una “gobernanza criminal” sobre territorios donde personas son sometidas mediante amenazas, extorsiones, desapariciones, trata, asesinatos y reclutamiento forzado.
Así lo manifestaron en un comunicado emanado del Encuentro de Personas Desplazadas y Acompañantes de Pueblos Originarios y Afromexicanos, realizado del 3 al 6 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Al respecto, el padre Gilberto Hernández sostuvo que en algunas comunidades los grupos criminales han llegado a establecer reglas y marcar pauta sobre la vida cotidiana: “Ellos determinan quién puede entrar, quién puede salir, qué actividades se pueden realizar”.
Para la Iglesia, de acuerdo con el comunicado firmado por tres obispos y el sacerdote asesor de la Comisión Diocesana de la Tarea Social, la “gobernanza criminal” no solo expone la violencia, sino también una situación en la que grupos delictivos ejercen control sobre la vida de las personas en México.
Una “paz aparente” y una posible simulación
Al desplazamiento obligado de personas se suman otras consecuencias de la “gobernanza criminal”: extorsión, cobro de piso, presión sobre las comunidades, incorporación forzada a grupos delictivos y restricciones.
La serie de medidas forzadas permiten que desde fuera se perciba una “paz aparente”, propiciando que la magnitud del desplazamiento esté siendo subestimada incluso por los “medios de comunicación comerciales”.
“A nosotros nos parece que es una una simulación”, cuando en realidad se trata de “un tema verdaderamente preocupante”, expone el sacerdote de la Arquidiócesis de Tuxtla.
También, de acuerdo con el padre Gilberto Hernández García, autoridades civiles son manejadas por los grupos criminales que continúan detrás en algunos municipios de Chiapas.
Del desplazamiento a la invisibilidad
La población desplazada puede volverse invisible dentro de las grandes ciudades como Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en más de 600 colonias.
“Ahí se diluyen”, expresa el padre al referir que los desplazados por la violencia no necesariamente se concentran en un refugio o asentamientos visibles.
Atención de la Iglesia
Familias completas, de hasta ocho o diez integrantes, son parte del fenómeno que es visibilizado y atendido por la Iglesia en Tuxtla, con la recepción en albergues de entre 100 y 150 familias.
Son miles de personas, cientos de familias, las que requieren o solicitan atención médica, víveres y acompañamiento de instituciones como Cáritas a través de albergues temporales que brindan ayuda humanitaria.
El padre Gilberto Hernández reveló que los desplazados reciben alimentos, ropa, medicamentos, apoyo psicológico, asistencia espiritual y oportunidades para una reintegración económica a través de proyectos productivos o la comercialización de productos elaborados por las propias familias.
Exigencias a las autoridades civiles
Ante la realidad expuesta, para el director de Cáritas en la Arquidiócesis de Tuxtla, el desplazamiento forzado ni siquiera es reconocido por las autoridades civiles, por lo que una de las exigencias de la Iglesia en México es que se reconozca públicamente que existe no solamente en Chiapas, sino en varias regiones del país para “que se nombre, que se diga, que se asuma”.
El padre Gilberto Hernández ve la necesidad de un marco jurídico específico para el desplazamiento forzado y de implementar políticas públicas de atención en las áreas de salud, vivienda y educación.
Además, plantea la necesidad de establecer mecanismos de protección para las personas desplazadas y permitir que la Iglesia y organizaciones civiles brinden acompañamiento a las víctimas sin ser acosadas ni limitadas.
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