Obispos representantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social acusan que existe una “gobernanza criminal” sobre territorios donde personas son sometidas mediante amenazas, extorsiones, desapariciones, trata, asesinatos y reclutamiento
Fotografía: Agencias
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 13 de agosto de 2026 (Red Católica).— A través de un comunicado en conjunto, la Iglesia en México denunció que la violencia provoca desplazamientos forzados de comunidades y acusa que existe una “gobernanza criminal” sobre territorios donde personas son sometidas mediante amenazas, extorsiones, desapariciones, trata, asesinatos y reclutamiento forzado.
Así lo manifestaron cuatro obispos y un sacerdote representantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, en sus dimensiones de Pastoral de Movilidad Humana y de Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, a través de un comunicado emanado del Encuentro de Personas Desplazadas y Acompañantes de Pueblos Originarios y Afromexicanos, realizado del 3 al 6 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En el documento, la Iglesia en México visibiliza el desplazamiento forzado de comunidades de pueblos originarios y afromexicanos en México, como consecuencia de la violencia criminal, y exige al Estado reconocer esta problemática, prevenirla y garantizar una atención a las personas desplazadas.
Una mirada a la realidad
El comunicado refiere que el desplazamiento forzado es una realidad histórica en México, provocado por invasiones, despojo de tierras, obras de infraestructura, extractivismo, agroextractivismo y actualmente por el control criminal de los territorios.
De esta forma, la Iglesia señala a la violencia criminal como la causa central del desplazamiento, y denuncia una “gobernanza criminal” sobre los territorios al afirmar que el crimen organizado no solamente genera violencia, sino que somete a las comunidades y condiciona su vida cotidiana. “La gobernanza criminal sobre nuestros territorios sigue forzando a los pueblos a huir […] somete con amenazas, intimidación, extorsión, miedo, desaparición, trata de personas, asesinatos y masacres”.
Entre las prácticas denunciadas se mencionan además división comunitaria, imposición y distribución de drogas, obligación de participar en actividades ilícitas, desapariciones, trata de personas, asesinatos y masacres, y reclutamiento forzado.
Iglesia exige una respuesta
Mientras en México se habla de una narrativa de paz desde el oficialismo, comunidades vulnerables continúan viviendo situaciones de violencia, muerte y desplazamiento sin que verdaderamente existan garantías de protección en territorios que son parte de la identidad de los pueblos y vistos como “un lugar sagrado, ancestral y colectivo”.
En esta defensa, el comunicado plantea el derecho a permanecer en sus lugares de origen y el derecho a desplazarse sin ser agredidos, por lo que exige un respuesta a los responsables de brindar protección a las personas. “Exigimos que el Estado mexicano asuma la responsabilidad que le corresponde. Debe reconocerse, sin eufemismos, la existencia de esta realidad del desplazamiento forzado, ocasionada por factores diversos en el país; asimismo, debe generarse un marco jurídico y políticas de prevención y atención integral a esta lacerante realidad”, sentencian.
“Queremos una tierra y territorio donde habiten la justicia, la paz y la defensa de los débiles”, sella el comunicado firmado por Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de San Cristóbal de las Casas; Mons. José Hiraís Acosta Beltrán, Obispo de Huejutla; Mons. Eugenio Lira Rugarcía, Obispo de Matamoros-Reynosa; Mons. Engelberto Polino Sánchez, Obispo de Tepic; y el Pbro. Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana de la Tarea Social en la Arquidiócesis de Tuxtla.
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