Un análisis del CISAV advierte que la violencia criminal contra las infancias no solo provoca muertes, sino que también afecta la educación, la convivencia familiar y la seguridad de las comunidades

Fotografía: Facebook Gobierno Municipal Guanajuato

(Red Católica).- La violencia contra niñas, niños y adolescentes en Guanajuato tiene consecuencias que van más allá de las cifras de homicidios. El miedo, la pérdida de familiares, la interrupción de actividades escolares y la inseguridad en los espacios públicos afectan el desarrollo de la infancia y la vida comunitaria.

Así lo expone el maestro José Miguel Ángeles de León, de la División de Filosofía del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), en su artículo “Los niños frente a la violencia criminal. Homicidios de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato y sus consecuencias comunitarias”.

El especialista analiza diversos hechos violentos registrados durante 2026, así como información de organismos dedicados a la protección de los derechos de la infancia, para mostrar cómo la inseguridad transforma la vida cotidiana de las familias.

Guanajuato registró 107 homicidios de menores durante 2025

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), citados por el autor, Guanajuato registró 107 víctimas de homicidio doloso de entre cero y 17 años durante 2025, frente a 157 en 2024.

Aunque hubo una disminución, la entidad continuó encabezando el registro nacional de víctimas menores de edad de homicidio doloso.

Entre enero y abril de 2026 se reportaron otras 29 víctimas de homicidio doloso o feminicidio: seis tenían hasta 12 años y 23 eran adolescentes.

El análisis recuerda casos ocurridos en Irapuato, Pénjamo y Salamanca, donde menores de edad perdieron la vida durante ataques armados. El autor advierte que cada hecho debe investigarse por separado y que no es posible atribuir automáticamente todos estos homicidios al crimen organizado.

A nivel nacional, REDIM registró 415 víctimas menores de edad de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026, una reducción de 28.3 % respecto al mismo periodo de 2025, además de 36 víctimas de feminicidio.

El miedo limita la educación, el juego y la convivencia

Uno de los principales planteamientos del estudio es que la violencia también afecta a quienes sobreviven a los ataques.

Ángeles de León distingue tres consecuencias: los niños asesinados o heridos, quienes presencian actos violentos o pierden familiares y las comunidades donde el miedo modifica las actividades cotidianas.

Cuando salir a jugar, caminar por la calle o asistir a la escuela deja de percibirse como seguro, la violencia restringe derechos fundamentales de la infancia.

El autor retoma una advertencia de UNICEF México, difundida en febrero de 2026 a partir de hallazgos preliminares de una investigación con la UNAM, sobre las consecuencias de la violencia de la delincuencia organizada.

Entre ellas se encuentran el miedo persistente, el estrés tóxico, las interrupciones educativas y la pérdida del uso seguro de los espacios públicos.

El análisis también señala la vulnerabilidad de los adolescentes frente a las amenazas y el reclutamiento por grupos criminales. Insiste en que los menores utilizados mediante coacción deben ser reconocidos como víctimas y sujetos de derechos.

La Iglesia puede contribuir al acompañamiento de las familias

Desde una perspectiva pastoral, el especialista destaca la importancia de que las comunidades religiosas acompañen a las familias afectadas por la violencia.

Las parroquias pueden encontrarse con padres que han perdido a sus hijos, estudiantes que tienen miedo de regresar a clases y adolescentes expuestos a amenazas en su entorno.

Ante estas situaciones, la escucha, el acompañamiento espiritual y los espacios de convivencia pueden ayudar a recuperar la confianza comunitaria.

Sin embargo, el autor aclara que este servicio debe desarrollarse en coordinación con instituciones especializadas, sin sustituir la atención psicológica, la procuración de justicia ni las obligaciones del Estado.

También subraya la necesidad de proteger la identidad y la intimidad de las víctimas menores de edad, evitando que su sufrimiento sea utilizado con fines políticos o narrativos.

Proteger a la infancia requiere más que reducir los homicidios

El estudio recuerda que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce no solamente el derecho a la vida, sino también a la integridad personal, la educación, la convivencia familiar, el descanso y el esparcimiento.

Por ello, enfrentar la violencia criminal exige medidas de prevención, atención psicológica, protección a las familias, continuidad escolar y recuperación de espacios comunitarios.

Ángeles de León concluye que la seguridad no puede medirse únicamente por el número de homicidios. También debe considerarse cómo viven los niños, qué espacios han dejado de utilizar y qué oportunidades tienen para desarrollarse en paz.

Su reflexión termina con una pregunta dirigida a la sociedad y sus instituciones: ¿qué esperanza se puede proponer a los niños que han aprendido demasiado pronto a reconocer el sonido de los disparos, interrumpir sus juegos o desconfiar del espacio que habitan?

Este y otros temas los puedes consultar en el Observario 174 de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM):