El Pbro. Armando González Escoto escribe sobre la participación de sacerdotes y las comunidades católicas en la historia política de México
Por: Pbro. Armando González Escoto / Periódico Semanario Guadalajara
Durante el siglo XIX, comunidades católicas de distintos países occidentales miraron con desconfianza la paulatina sustitución del sistema monárquico por el democrático, mismo que finalmente acabó por imponerse, aún si se conservaban algunas monarquías prácticamente decorativas.
Esta realidad favoreció un cambio de postura y abrió a los católicos la posibilidad de participar de lleno en el nuevo sistema, sobre todo en aquellos países donde los católicos eran minoría discriminada y ahora, por medio de las luchas democráticas en favor de las libertades y los derechos, podían redimir su situación, como sucedió en Irlanda y en Inglaterra.
En ese mismo siglo a nadie le pareció inquietante el hecho de que los mismos sacerdotes no solamente pudieran votar, sino incluso ser votados, una práctica que ya en el Imperio español se admitía a la hora de elegir diputados para las Cortes. En México se mantuvo esa práctica hasta la Guerra de Reforma.
De cualquier manera, muy pronto la misma Iglesia comenzó a advertir los nuevos riesgos que se derivaban de la participación de los sacerdotes en luchas partidistas, por lo cual ya en el Código de Derecho Canónico de 1917 estableció severas restricciones y el requisito de permisos especiales si se trataba de ocupar cargos políticos. Finalmente, el Código actual publicado en 1983 prohibió a los sacerdotes la militancia partidista en el canon 287-2.
Estas prohibiciones no eran gratuitas, sino el resultado de experiencias dolorosas que habían ocurrido en varios países, toda vez que la intervención partidista del sacerdote lleva al seno de la Iglesia las divisiones y contrastes propios de la dinámica democrática.
En México, donde los políticos viven obsesionados por el poder, y las luchas por alcanzarlo han logrado en el pasado niveles de suma violencia, el que uno o varios sacerdotes de distintos rangos usaran su posición para favorecer o atacar a tal o cual partido por la razón que fuera, infringiendo leyes eclesiásticas y civiles, provocó serios conflictos cuya factura no la pagaron los infractores, sino toda la Iglesia.
Los Delegados Apostólicos de hace 100 años, ya desde 1913, lucharon tenazmente por apartar a los eclesiásticos de estas tentaciones, pero no siempre lo lograron, y las consecuencias de esas intervenciones partidistas perjudicaron gravemente a toda la comunidad católica, desencadenando persecuciones y prolongadas crisis, pues para los políticos revolucionarios en ascenso, el error de algunos ministros de la Iglesia era imputable a todos sin excepción, error de juicio, sin duda, pero quienes lo provocaron tampoco fueron muy sensatos que digamos.
No siempre aprendemos de la historia, como se vio claramente en el pasado proceso electoral, en que algunas personas consagradas repitieron los mismos errores de hace 100 años, porque de lo que entonces pasó o no sabemos nada, o lo que sabemos es parcial y desdibujado. Nuevamente podemos afirmar que fueron sólo algunos, pero eso basta para que los observadores externos acaben diciendo que fue toda la Iglesia, y así de nuevo paguen justos por pecadores.
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