Ciudad de México, Marzo 2026 (Red Católica).— El Senado de la República aprobó, con reservas, la segunda iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó fuera los cambios a la revocación de mandato por falta de consenso entre los partidos aliados del oficialismo.
De acuerdo con el análisis del jurista Rafael Estrada Michel, publicado en el Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), número 160, correspondiente a marzo, la exclusión de esta figura respondió principalmente a la oposición del Partido Verde y del Partido del Trabajo, lo que impidió alcanzar la mayoría calificada requerida.
Las reformas constitucionales requieren el voto de dos terceras partes de los legisladores en ambas Cámaras, así como la aprobación de al menos 17 congresos estatales. Sin el respaldo total de sus aliados, el bloque oficialista no logró reunir los votos necesarios para adelantar el proceso de revocación del mandato presidencial al segundo año de gobierno.
Reforma se reduce a ajustes administrativos
El proyecto original contemplaba modificaciones de mayor alcance al sistema electoral; sin embargo, la versión aprobada se limitó a:
Incorporar lenguaje incluyente en el artículo 35 constitucional
Establecer un máximo de 15 regidurías en los ayuntamientos (artículo 115)
Fijar un tope de 0.7% del presupuesto estatal para congresos locales (artículo 116)
Eliminar seguros, fondos y pensiones no contemplados en ley para servidores públicos (artículo 134)
Algunas de estas medidas han sido señaladas como posibles afectaciones a la autonomía estatal y al municipio libre.
Revocación de mandato no prospera
El intento de modificar la revocación de mandato —para hacerla coincidir con elecciones intermedias— no prosperó. Según el análisis citado, esta medida podría haber comprometido la equidad en la contienda electoral, al influir de manera determinante en otros procesos comiciales.
Asimismo, se advierte que esta figura, desde su incorporación constitucional, ha tendido más a fortalecer la presidencia que a constituirse como un mecanismo de control efectivo.
Pendiente legislación secundaria
El desarrollo de la reforma dependerá ahora de la legislación secundaria, donde el oficialismo no requiere mayoría calificada, lo que podría abrir la puerta a nuevos cambios en el sistema electoral.
El análisis también señala preocupaciones sobre la equidad democrática y el contexto institucional del país, en línea con evaluaciones internacionales que advierten riesgos de concentración de poder y tensiones con actores sociales y comunicadores.
Observatorio CEM
Número 160, Marzo
