La Iglesia católica ha desarrollado mecanismos específicos de prevención y protección pues, nos guste o no, también en las parroquias y ambientes eclesiales ocurren este tipo de delitos
Por: Sonia Gabriela Ceja Ramírez / Periódico Semanario de Guadalajara
El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las formas más graves de violencia contra la infancia. Sin embargo, pese a su magnitud, una parte importante de los casos permanece oculta; no se detecta, no se denuncia o tarda años en salir a la luz.
En México, la problemática adquiere dimensiones preocupantes: de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en 2015 se estimaban al menos 600 mil delitos sexuales al año. Más de la mitad ocurrían en el hogar y alrededor del 60 por ciento eran cometidos por familiares o personas conocidas.
La violencia sexual contra menores, por tanto, no puede entenderse únicamente como un problema asociado a una institución.
El agresor suele encontrarse dentro del círculo de confianza de la víctima, lo que facilita el acceso, dificulta la denuncia y puede permitir que los abusos se prolonguen durante meses o incluso años.
En el ambiente eclesiástico
Frente a esta realidad, la Iglesia católica ha desarrollado mecanismos específicos de prevención y protección pues, nos guste o no, también en las parroquias y ambientes eclesiales ocurren este tipo de delitos.
En 2014, el Papa Francisco creó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, con la misión de asesorar al Pontífice y promover iniciativas para prevenir abusos y resguardar a menores y adultos vulnerables.
En México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aprobó en 2018 la creación del Consejo Nacional para la Protección de Menores, como organismo multidisciplinario. Un año después, el 25 de marzo de 2019, la Arquidiócesis de Guadalajara creó la Comisión Interdisciplinaria para la Protección de Menores, coordinada por el Pbro. Miguel Ángel Rodríguez Díaz.
Creando ambientes seguros
El padre Miguel Ángel explica que el propósito de la Comisión es crear una cultura de la prevención en parroquias, grupos pastorales, y entre sacerdotes y seminaristas, de manera que quienes acudan a la Iglesia se encuentren en un ambiente seguro.
Durante dos años, los sacerdotes fueron capacitados en las semanas de formación permanente para hacer de cada comunidad un espacio seguro. Las visitas continúan actualmente en las parroquias que lo solicitan, así como en algunos decanatos y vicarías.
La capacitación también alcanza a trabajadores y agentes de pastoral, y aborda situaciones cotidianas como el saludo, el trato con las personas, el vocabulario y el uso de redes sociales.
“A los sacerdotes, la gente se nos acerca con toda la confianza, que no sean imprudentes con algún abrazo que pueda incomodar, un saludo, un mensaje, no se diga si propiamente hay algún tocamiento en alguna parte del cuerpo que no debe de ser”, señala.
Alzar la voz
Si se detecta una conducta inapropiada por parte de un sacerdote o servidor de la parroquia, debe denunciarse, pues “parte de la prevención es también la cultura de la denuncia”.
El padre Miguel Ángel enfatiza que desde el arzobispado jamás se pide no denunciar: “Que la gente no se quede callada, que comunique a su párroco, en el arzobispado, con el vicario general, con alguno de los señores obispos, en la misma comisión de protección de menores, que denuncien. Y también pueden denunciar civilmente. Son dos caminos, tanto la vía canónica como la vía civil”.
¿Cómo identificarlo?
El sacerdote explica que existen conductas que claramente no deben ocurrir, como tocar el pecho, los genitales o los glúteos de una persona. Sin embargo, incluso un abrazo, un saludo o un beso pueden resultar incómodos, por lo que debe prevalecer el respeto a los límites de cada persona.
“No tenemos que hacer algo que incomode a la otra persona, ya sea un menor o un adulto también”.
La comunicación también es importante, cuando un sacerdote, un vicario parroquial, por ejemplo, considera que está siendo hostigado por alguna persona. En esos casos, debe informar a su párroco o a alguno de los obispos para evitar un escándalo o un malentendido.
Aunque hay pocas denuncias, no se minimizan
Desde la creación de la comisión, en 2019, se han recibido denuncias, aunque la mayoría corresponden a casos considerados imprudencias: conductas o contactos que incomodaron a una persona, pero que no necesariamente se configuran como un abuso.
El coordinador de la comisión señala que la actuación del arzobispado parte de creerle a quien denuncia y posteriormente investigar las circunstancias.
“Entonces, lo primero es creerles y luego se investiga. Se pregunta las circunstancias al menor o a la persona que denuncia. Se le pide que nos diga cómo fue y si eso que él denuncia se puede catalogar como un abuso”.
La investigación debe realizarse con prudencia para evitar la revictimización, pues una persona que sufrió abuso puede tardar años en denunciar por miedo a que no le crean.
“Evitamos estarle preguntando una y otra vez. Debemos estar capacitados para que, en la primera denuncia, nos diga todo, porque no es tan fácil. No se le puede citar una y otra vez para que nos repita lo que vivió”.
Cuando un menor de edad o una persona adulta víctima de abuso se acerca al arzobispado, se les ofrece ayuda psicológica, espiritual y asesoría jurídica para que puedan denunciar civilmente.
Recomendaciones para laicos y sacerdotes
A los sacerdotes, el padre Miguel Ángel les recomienda cuidar aspectos tan cotidianos como los abrazos, los saludos, el manejo de redes sociales, los horarios y los lugares donde atienden a las personas, procurando que sean espacios visibles y apelando al sentido común.
También pide cuidar los espacios parroquiales. Por ejemplo, los confesionarios deben contar con condiciones que permitan observar hacia el exterior. Salones, grupos juveniles y actividades pastorales también requieren medidas de prevención, independientemente de quienes estén a cargo sean sacerdotes o laicos; pueden instalarse cámaras en lugares comunes y procurar que las puertas no tengan seguro.
En actividades fuera de la parroquia, como campamentos, recomienda la presencia de padres de familia y de personas capacitadas para atender necesidades de salud, por ejemplo.
Cercanía sin traspasar barreras
Aunque existe una relación cercana y sana entre algunas familias y los sacerdotes, el padre Miguel Ángel señala que los presbíteros deben permanecer dentro de límites claros.
Pueden visitar los hogares y convivir en espacios comunes y visibles, pero deben evitar ingresar a lugares privados de una casa, como las habitaciones, salvo cuando se trate de una visita pastoral a un enfermo. También deben evitar salir solos con menores, ya sea a comer, al cine o a cualquier otra actividad.
Si se sospecha o conoce una situación de abuso, se puede acudir al arzobispado, donde la denuncia puede presentarse ante la Comisión para la Protección de Menores, el vicario general o los obispos auxiliares.
Las consecuencias de un abuso
En los casos de abuso por parte de ssacerdotes se realiza una investigación previa para determinar si la denuncia tiene fundamento. Si lo tiene, se inicia un proceso en el que se determina la culpabilidad o no de la acción denunciada.
La máxima pena dentro de la Iglesia es la dimisión del estado clerical, que implica quedar apartado definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Las imprudencias también pueden recibir sanciones, que van desde una amonestación o reprensión hasta el apartamiento temporal del ministerio, acompañado de atención psicológica.
“Hay un centro en donde se les manda para que, junto con psicólogos, psiquiatras y otras actividades grupales que realizan, puedan quitar o mejorar en el ámbito personal y psicológico alguna afectividad, algún problema que puedan tener”.
En el ámbito civil, se pide a las víctimas que ejerzan su derecho a denunciar. Cuando existen elementos suficientes para considerar que pudo haberse cometido un delito, la diócesis también notifica a la Fiscalía.
“No es denuncia porque no es la parte afectada, pero si el señor cardenal da una narración breve de los hechos y notifica a la Fiscalía de lo que tiene conocimiento, y luego ya la Fiscalía puede proseguir o no, eso ya depende de ellos”.
Cuidémonos entre todos
La protección de menores implica no solo prevenir el abuso, sino también construir espacios seguros, procedimientos claros y una respuesta centrada en la dignidad y las necesidades de quienes han sufrido violencia.
El padre Rodríguez Díaz insiste en que la prevención corresponde a todos y que los adultos deben permanecer atentos a los cambios de conducta de niñas, niños y adolescentes.
Alejarse repentinamente de algún familiar, dejar de querer acudir a la escuela, presentar nerviosismo o ansiedad, comenzar a orinarse en la cama después de haberlo superado o mostrar cambios repentinos pueden ser señales que requieren atención: “Hay que preguntarles a los niños y creerles”.
Reconstruir la confianza
En marzo del próximo año se llevará a cabo en Guadalajara el VI Congreso Latinoamericano de CEPROME.
Inscripciones: congresoc.eprome.lat.com
Informes: congreso@ceproeme.com
WhatsApp: +52 557 844 5330
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